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15 de febrero de 2018

Editorial


TOLERANCIA CERO.








Por Dr. Luis Anunziato *


Resumen: En la República Argentina la inseguridad ocupa uno de los primeros lugares en la preocupación ciudadana. Trata del incremento del delito desde los años ochenta que no ha podido ser solucionado y plantea como una de las posibles soluciones la “tolerancia cero”, que toma como la doctrina del delito la “ventana rota”.

En la República Argentina la inseguridad ocupa uno de los primeros lugares en la preocupación ciudadana y representa un problema complejo, que engloba desde la economía a la educación, pasando por el urbanismo y el respeto a los derechos humanos.

Desde mediados de los años ochenta el delito ha ido penetrando en distintos sectores, fenómeno no exclusivo de Argentina, evidenciando un incremento desde hace dos décadas, que se organiza con la llegada del narcotráfico. Este delito crea gran temor y una parálisis social, incrementada por la forma de ser presentado el delito a la población y la insensibilidad de las políticas públicas dirigidas al problema.

Numerosas explicaciones se han dado planteado causas sociales, culturales, corrupción policial, judicial y política, así como pérdida de eficacia del peso socializador de las instituciones, en particular familia y escuela.

Se han desarrollado planes de prevención del delito a nivel nacional y desarticulado periódicamente, se piensa en endurecer las penas sin políticas claras, lo que lleva a una sensación de incertidumbre y a un pesimismo sobre el empeoramiento del problema.

Como una de las posibles soluciones se invoca a la “tolerancia cero” que cuenta con una serie de componentes, siendo tres los más destacados: a) Una doctrina sobre el delito y cómo enfrentarlo; b) Una reforma policial; c) Un sistema de supervisión policial.

Doctrina sobre el delito

En 1969 el Prof. Philip Zimpardo realizó un experimento de psicología social, para lo cual dejó dos autos abandonados en la calle, idénticos, de igual marca, modelo y color. Uno lo dejó en el Bronx, por entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York y el otro en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California, barrios con poblaciones muy diferentes, especialistas en psicología social estudiaban las conductas de ambas. [1]

En pocas horas el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser vandalizado, todo lo aprovechable fue retirado, llantas, motor, espejos etc. En una semana el auto estaba completamente desmontado y el de Palo Alto intacto.

Aún posiciones ideológicas enfrentadas, suelen coincidir atribuyendo a la pobreza estas acciones reprochables.

Los investigadores continuaron el experimento rompiendo un vidrio del automóvil abandonado en Palo Alto, este vidrio roto desencadena el mismo proceso que en el Bronx reduciendo al vehículo al mismo estado que el del barrio pobre.

¿Cuál es la razón que la rotura de un vidrio del auto en un vecindario seguro desata el delito?

Es evidente que no es la pobreza lo que desató, más bien tiene que ver con un proceso psicológico del comportamiento humano y las relaciones sociales. Ese vidrio roto transmite la idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, como de ausencia de ley, de normas, de reglas, como que vale todo. Así, cada nuevo ataque al auto multiplica esa idea, hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional. 

Con posterioridad James Q. Wilson y George Kelling desarrollaron la Teoría de “Las Ventanas Rotas”, concluyendo que el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores.  [2] [3] [4] [5]

Consideran que si las pequeñas faltas como estacionarse en lugar prohibido, exceder el límite de velocidad o pasarse una luz roja, no son sancionadas, comenzarán a producirse faltas mayores y luego delitos cada vez más graves.

Si las calles, plazas son deterioradas, no son reparadas, el abandono va creando la falta de apego a los valores, alterando las relaciones interpersonales, altera la educación y lleva a la corrupción en todos los niveles.

La teoría de las ventanas rotas fue aplicada por primera vez a mediados de la década de los 80 en el metro de Nueva York, el cual se había convertido en el punto más peligroso de la ciudad. Se comenzó por combatir las pequeñas transgresiones: los grafitis, la suciedad de las estaciones, la ebriedad, evasiones del pago del pasaje, pequeños robos y desórdenes. Los resultados fueron sorprendentes, no obstante dos elementos contribuyeron a que la situación de seguridad se volviera explosiva, el consumo masivo de drogas y el fácil acceso a las armas de fuego.

En 1993 Rudolf Giuliani asume como alcalde de Nueva York decide aplicar tolerancia cero y nombra Jefe de Policía a William Bratton, quien había dirigido la Policía de Boston y recuperado el metro de Nueva York.

La estrategia de Giuliani y Bratton no hubiera sido posible sin el apoyo económico que permitió incrementar la fuerza policial en un 25%, darle equipamiento, tecnología, mejorar las condiciones de bienestar, trabajo y remuneración.

Para los ideólogos de “la ventana rota”, la policía debe impedir el desorden callejero con patrullaje a pie para recuperar el control de la calle. Los grupos de jóvenes que están parados en una esquina, escuchando música y bebiendo alcohol, no están cometiendo delito alguno, pero sí, pueden perturbar la tranquilidad, atemorizar a los vecinos y contribuir al deterioro de la calidad de vida del barrio, que constituye el terreno fértil para la actividad delictiva.

Kelling, Coles y Wilson sostienen que los estándares de orden que la Policía debe defender son aquellos que “la gente decente” del barrio reclama; y si bien ya no se encuentran en instrumentos legales por haber sido derogados, deben implantarse nuevamente.

Reforma policial

Dentro de la reforma policial Bratton consideró el patrullaje preventivo y la descentralización. En esta etapa creó equipos encargados de trabajar en instrucción, equipamiento y tecnología.

El patrullaje preventivo de carácter agresivo como principal herramienta de intervención policial patrullas de a pie para recuperar las calles, desempolvar los viejas ordenanzas municipales y aplicarlas, las que tipificaban faltas o contravenciones, como pintar grafitis, beber en las calles y limpiar las parabrisas de los automóviles sin consentimiento de sus propietarios, etc. Este patrullaje a pie lo complementó con el patrullaje motorizado regular, la atención de las llamadas de emergencia con patrullas motorizadas y la investigación criminal especializada.

La descentralización del mando a nivel de las comisarías, concentración de la autoridad y la responsabilidad en cada comisario. Las comisarías se convirtieron en pequeños cuerpos de Policía, con todos los servicios a las órdenes del comisario, incluyendo el de asuntos internos, concentración que facilitó la supervisión.

Sistema Integrado de Estadísticas Informatizadas el llamado Compstat sistema de recolección de datos aportados por cada comisaria sobre falta, contravenciones y delitos, que permitió la confección de mapas y estadísticas sobre tendencia criminales en cada jurisdicción. Con estos elementos Bratton se reunía semanalmente con todos los comisarios para evaluar en conjunto toda la evidencia y realizar correcciones

Supervisión Policial

Por medio del sistema Compstat se evalúa situación criminal y las políticas para enfrentarla desde la Jefatura de Policía y en cada Comisaría.

Efectuado un riguroso control para evitar la manipulación de datos se puede evaluar el desempeño policial en función de las tasas delictivas, pero además otros parámetros que no los aporta Compstat como la percepción de la ciudadanía sobre el trabajo policial y los niveles de satisfacción ciudadana con la atención que reciben de la Policía.

Conclusiones

Este panorama nos lleva a pensar en la experiencia exitosa de Nueva York, y muestra que más importante que la adopción de medidas legislativas, aun cuando pueden ser necesarias en algunos temas, es contar con instituciones policiales y judiciales que actúen en forma inteligente, coordinada y tengan funcionarios honestos que apliquen la ley.

La implementación de la llamada “tolerancia cero” en Nueva York ha llevado a una tasa de homicidios, que en el año 1990 fue de 30,7, a 3,4 por cada 100.000 habitantes en 2017. En la Ciudad de Buenos Aires en 1990 había 1,57 homicidios y en el año 2015 llegó a 5,72 por cada 100.000 habitantes.  [6] [7]

En la República Argentina según las estadísticas criminales del Ministerio de Seguridad de la Nación en el año 2016 hubo una tasa de delitos 3.434,5 por cada 100.000 habitantes, descartando las figuras de contravenciones y los suicidios consumados.  [8]

Estas cifras nos indican que es necesario establecer una política de estado en defensa de los ciudadanos, con una Policía que pueda actuar con una adecuada doctrina sobre el delito y cómo enfrentarlo, con apoyo económico, político y ciudadano, es decir de todos, equipamiento, tecnología, mejorando las condiciones de bienestar, trabajo y remuneración de las fuerzas de seguridad.

* Dr. Luis Anunziato

    Doctor en Medicina

    Convencional Metropolitano de la Democracia Cristiana por Comuna 6.





[1] Philip George Zimbardo (23-03-1933) Profesor en psicología social en Universidades de Yale, Columbia y Stenford.
[2] James Quinn Wilson fue un académico, politólogo, profesor en las Universidades de California en Los Ángeles y en Harvard y entre otras presidente de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas.
[3] George L Kelling criminólogo, profesor en la Escuela de Justicia Criminal de la Universidad de Rutgers Newark, en la Universidad de Northeastern y miembro del Instituto Manhattan para Investigaciones Políticas y de la Escuela Kennedy de Gobierno en la Universidad de Harvard.
[4] Wilson, J.Q.; Kelling, G.L. (1982) Broken Windows: The police and neighborhood safety. Consultado el 08-02-2018, de https://www.manhattan-institute.org/pdf/_atlantic_monthly-broken_windows.pdf
[5] Kelling, G.L.; Coles, C.M. (1998) Fixing broken Windows; Restoring order and reducing crime in our comumities. Touchstone Ed.
[6] Lissardy, G. (18-01-2018) 4 razones que explican la drástica caída de la delincuencia en Nueva York, la ciudad que pasó de "pesadilla violenta" a modelo de seguridad. BBC Mundo. Nueva York. Consultado el 11-02-2018, de http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42727801
[7] Codino, R.; Caraballo, M.; Vannelli Viel, R. (2016) Informe sobre homicidios 2015. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones, Consejo de la Magistratura. Poder Judicial de la Nación. Consultado el 11-02-2018, de http://www.consejomagistratura.gov.ar/ instituto/2015/caba/caba2015.pdf
[8] Estadísticas Criminales en la República Argentina. Año 2016 Informe Ministerio de Seguridad de la Nación. República Argentina. Consultado el 12-01.2018, de https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/reports/Informe% 20estadisticas%20criminales%20Republica%20Argentina%202016.pdf

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PDC Porteño – Información del ámbito nacional


EN ARGENTINA Y EN LA REGIÓN EMERGE CASI EN SILENCIO

UNA NUEVA OLA POLÍTICA

(Síntesis de la publicación de Oscar Dufour en 5minutosdenoticias *)

Las encuestadoras de opinión y los analistas políticos reconocidos y confiables no les brindan la menor oportunidad frente a los candidatos de los partidos tradicionales, pero “ellos”, logran perforar ese cerco y consiguen desequilibrar elecciones. En la región el mejor ejemplo de políticos emergentes es Costa Rica, le continúa Brasil, un poco más atrás en el tiempo Guatemala, Chile y EEUU. En Europa; Francia, Austria y Alemania hacen lo propio. En Argentina, el líder de la Democracia Cristiana, Carlos Traboulsi, tiene un alto grado de probabilidad de suceso como un caso similar pero vernáculo.


De izquierda a derecha: María Soledad Alvear (Chile), Jimmy Morales (Guatemala), Michael Pence (EEUU),
Carlos Traboulsi (Argentina), Jair Messias Bolsonaro (Brasil) y Fabricio Alvarado (Costa Rica)
Tomada de 5 minutosdenoticias


Dios, familia, sumado a estar en contra del aborto, la “ideología de género” y la promoción de programas de educación sexual en adolescentes; atrapa a la mayoría del electorado, es un escenario diferente, son temas en el que los candidatos y representantes de los partidos tradicionales de la región y el mundo, esquivan y evitan de abordar con mucho prejuicio tanto dentro como fuera de campaña. En cambio, “ellos” no.

Un análisis casi con seguridad no compartido por los especialistas en procesos electorales locales y de la región, pero con franqueza contiene una gran cuota de audacia y también un intenso trabajo de campo a lo largo y ancho de Argentina que procuro sea tenido en cuenta, ya que el reclamo no me pertenece en lo particular, sino que es el resultado de la interpelación de un importante sector de la sociedad que busca reconfigurar las alianzas en el terreno político partidario. El esbozo es inédito, pero en la actualidad lo humanista-social-cristiano ocupa u ocupará en lo local, un lugar preponderante por sobre otros temas de agenda como el económico a la hora de definir elecciones.

El tiempo dirá lo acertado o lo erróneo del estudio, por lo pronto voy aún más allá en este escenario y a nivel local hago un nombre y apellido para tener en cuenta, Carlos Traboulsi.

La mención no es caprichosa y menos aún interesada, es el político argentino que mejor encaja en el análisis, es uno de los “ellos” más destacado, no sólo por su silencioso trabajo, sino básicamente, porque es quien mejor vincula con un fino equilibrio las creencias de la fe en la acción política teniendo a la familia como actor principal, canalizando de esta original manera la desesperanza social de la población y su enojo con los partidos políticos tradicionales. En este caso puntual vernáculo “en gestación”, con la participación de la Democracia Cristiana Porteña se abren nuevas expectativas a la coalición gobernante en CABA, con posterior proyección nacional.

* Dufour, O. (13-02-2018) En Argentina y en la región emerge casi en silencio una nueva ola política. 5minutosdenoticias. Consultado en 14-02-2018, de https://5minutosdenoticias.com/ argentina-la-region-emerge-casi-silencio-una-nueva-ola-politica

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Movimiento de Mujeres de la Democracia Cristiana CABA

MMDC-CABA


Con fecha 1° de febrero de 2018 se constituyó en el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento de Mujeres de la Democracia Cristiana-MMDC-CABA.

Fue fruto de intensos diálogos y de la necesidad imperiosa de continuar fomentando la formación de jóvenes mujeres líderes. Es evidente que cada vez es más necesaria la participación de la mujer en actividades socio-políticas, fundamentalmente para compartir áreas de trabajo con los varones, pero sólo con ánimo colaborativo y no confrontativo.

De ese intercambio surgió la idea de que la actividad del Movimiento, esté enderezada especialmente a promover, proyectar y consolidar el desarrollo integral, espiritual, educativo y cultural de la mujer, a través de ámbitos que concreten encuentros amigables, analizando y compartiendo experiencias propias.

Se trata de la refundación del Movimiento, no como partido paralelo, sino como un apéndice funcional dentro del Partido Demócrata Cristiano – CABA.

El objetivo de contar con más mujeres que activen, persigue la finalidad de que nos ayuden para acompañar y asesorar a todas aquellas mujeres que integran sectores vulnerables, tales como las de la tercera edad, madres adolescentes, madres solteras, no sólo a nivel nacional, sino también internacional, promoviendo pequeños emprendimientos, talleres de aprendizaje de oficios, formación de dirigentes, desarrollar cursos, dar charlas, en fin, que se les reconozcan sus derechos y se les proporciones una mejor calidad de vida, con dignidad, sin prevendas.

La Comisión responsable de llevar a cabo los precedentes objetivos, está integrada de la siguiente forma:
Presidente:               María Alejandra Muchart,
Vicepresidente:        Mirta Estela Venzke,
Secretaria:                Johanna Soledad Vallejos,
Tesorera:                  Graciela Noemí Miloc,
Vocales titulares:     Yanet Exner, Ema Juloi Piñeiro y Romina Rodríguez Torres y como
Suplentes:                 Claudia Raquel Calvo, Miriam Díaz y Adriana Sonia Bungur.




Queda claro que todo partido debe evolucionar a través de su gente y las mujeres constituimos un factor esencial. Por eso necesitamos que te sumes. La unión hace la fuerza. Te invitamos a que vengas los jueves, de 18 a 20hs., a nuestra sede en Combate de los Pozos 1051. CABA.  

María Alejandra Muchart                           Johanna Soledad Vallejos
                                  Presidente                                                       Secretaria

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Por Gustavo E. González (*)


IGLESIA, RELIGIÓN Y ESTADO


Resumen: La separación de la Iglesia y el Estado, bien entendida, consiste en reconocer que son dos sociedades diferentes y autónomas, cada una de las cuales debe gobernarse a sí misma sin interferir en el gobierno de la otra. Pero ambas se unen en la persona de quienes son, a la vez, ciudadanos y creyentes.  Por otro lado, la Religión, que no es, como la Iglesia, la sociedad de los creyentes, sino aquello en lo que estos creen, gobierna legítimamente la vida individual y social, privada y pública de los ciudadanos creyentes.
Cada tanto nos enteramos, por los medios, del estallido de alguna polémica debida a la presencia de símbolos religiosos en algún lugar público. Siempre se trata de símbolos cristianos, por supuesto. A veces el motivo del problema es una cruz en la pared de algún juzgado o ministerio. O una imagen de la Virgen en una plaza. También puede ser una capilla en una universidad. El problema parece ser típicamente occidental, ya que uno puede andar por las calles, parques y otros lugares públicos de modernas ciudades asiáticas, por ejemplo, y ver por todas partes imágenes sagradas, templos y santuarios (principalmente budistas), que a nadie se le ocurre ocultar, para no ofender a quienes no comparten esos credos.
En los países occidentales la situación es otra. El argumento de los indignados denunciantes de las supuestas “invasiones” religiosas es siempre el mismo: la separación de la Iglesia y el Estado. El espacio público pertenece a todos, dicen. La presencia de símbolos de una religión puede ofender o hacer que se sientan discriminados los fieles de los demás credos (aunque la queja, por lo general,  nunca proviene de ellos) o los no creyentes (que son los realmente molestos). Exigen el respeto del principio de separación de la Iglesia y el Estado, o lo que es lo mismo, la laicidad del Estado.
¿Será que tienen razón? ¿Está la Iglesia, la religión, invadiendo indebidamente un espacio que le es ajeno? Ahora bien, si consideramos que los espacios públicos pertenecen al Estado y este debe ser laico, esto es, ajeno a toda influencia de cualquier religión, parece claro que la protesta tiene fundamento. Pero, ¿es realmente así? ¿Debe expulsarse de todo ámbito público, en un moderno Estado, toda manifestación, signo o influencia de cualquier religión, aunque sea la que profesan todos o la mayoría de los ciudadanos?
En su obra Politeia, Jorge L. García Venturini, apunta algunas definiciones interesantes que pueden ayudar en el esclarecimiento de estas cuestiones. Venturini denomina sociedad “a una agrupación humana que resulta de la decisión inteligente y voluntaria de sus miembros, movidos para realizar una tarea común”. Asimismo, define a la sociedad política como una asociación de hombres que viven en un determinado territorio, sometidos a leyes y a un gobierno común. El Estado, para Venturini, no sería ni “el país”, ni “la sociedad”, sino (y en esto coincide con Maritain) “un haz de instituciones que gobiernan a la sociedad, es decir, el poder político, parte del todo, al servicio del todo”. Según esta misma concepción, el pueblo es la totalidad de las personas que integran una sociedad política.
¿Y qué es la Iglesia? Según R. Jolivet (que en esto no hace sino expresar la idea de toda la tradición filosófica tomista y la doctrina católica), la sociedad religiosa (la Iglesia, en el caso de los católicos) es la reunión de los hombres creyentes, que se agrupan para cumplir con los deberes que tienen para con Dios y que no podrían cumplir más que siendo miembros de una sociedad religiosa. “Esta tiene por objeto el culto exterior, la oración pública, así como la perfección moral de los hombres, y finalmente su salud eterna.” (R. Jolivet, Curso de filosofía)
De modo que, según este punto de vista, tenemos a un pueblo que, organizado en sociedad política, se da a sí mismo un estado, o sea, una construcción organizacional, institucional, para gobernarse. Pero ese pueblo se compone de personas que son, al mismo tiempo, miembros de una sociedad religiosa (como la Iglesia católica) o más de una. Esas personas son, por lo tanto, fieles o creyentes, tanto como ciudadanos.
En ese sentido, entonces, puede afirmarse que los espacios públicos no pertenecen a la sociedad política, ni mucho menos al estado, sino al pueblo, y las personas que integran el pueblo tienen pleno derecho de usar ese espacio para expresar tanto sus convicciones políticas, dado que son ciudadanos, como sus convicciones religiosas, puesto que son también creyentes. En sociedades pluralistas, como las sociedades occidentales actuales, donde coexisten creyentes de diversos credos junto con no creyentes, la norma y la costumbre deberían ser las de una convivencia pacífica y tolerante entre todos, donde tengan lugar todas las manifestaciones religiosas, con la comprensible predominancia de la que sea la religión mayoritaria de la población.
Una sana separación de la Iglesia y el Estado debería consistir, entonces, en la aceptación de que estas son dos sociedades diferentes, cada una soberana en su ámbito, y cuyos miembros son personas que pertenecen a ambas (en la mayoría de los casos), por lo que es necesario el mutuo reconocimiento y la amistosa cooperación entre las dos.
Pero aparece otro problema cuando dejamos de hablar de la Iglesia para pasar a hablar de la Religión. La Iglesia es la asociación que agrupa a los creyentes, la religión, en cambio, es aquello en lo que los fieles creen. Implica una forma de vida, una visión del mundo y un código ético. Algo que uno no puede quitarse al salir del templo. Un creyente puede dejar atrás la Iglesia cuando se dirige al Parlamento, a la empresa, al sindicato o a su hogar. Pero no puede dejar atrás la religión, porque esta es su forma de vida, no un simple ritual para ejercitar en los lugares de culto.
Una cosa es la separación de la Iglesia y el Estado, que es algo muy sano y que está implícito en la recomendación evangélica de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otra cosa es la separación del Estado y la Religión. Es perfectamente razonable y aceptable que la Religión, en su aspecto de cosmovisión ordenadora de la realidad y conjunto de valores morales, esté presente en el Estado, o sea en ese complejo institucional por medio del cual se gobierna la sociedad política, ya que para conducir una sociedad es necesaria alguna idea rectora y la cristiana no es menos valiosa que ninguna otra.
Pero no debemos confundirnos. Por lo general, los reclamos de “laicidad del Estado” lo que buscan es eliminar la Religión de la vida pública. El reclamo parece estar en verdad dictado por pura hostilidad antirreligiosa (mal) disfrazada. Pero ese intento debe ser confrontado. Desterrar la espiritualidad de la vida política y, en general, de la vida humana, o sea, implantar de manera  absoluta en la sociedad humana un abordaje antropológico materialista (que no es sólo patrimonio del marxismo) es, en mi opinión, el peor error que puede cometerse para comprender al hombre y organizar la vida humana. Y, en cualquier caso, implica desterrar de la sociedad una tradición cultural valiosa y que ha dado forma a nuestra civilización. Y que, aún hoy, es la fe y el ideario viviente de millones de ciudadanos. 
* Gustavo E, González
Coordinador de Comisiones Técnicas

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PDC Porteño – Información del ámbito internacional

Restituir la Constitución de 1999:
Tarea del cambio político
Por Miguel Henrique Otero *



A los fallidos intentos de golpe de Estado de 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, le han seguido muchos otros, pero bajo una peculiaridad propia del chavismo y del madurismo: son golpes dados desde el propio poder, con la finalidad de liquidar la Constitución aprobada por el pueblo en 1999, aumentar sus controles sobre las instituciones y la sociedad, requisitos necesarios para prolongarse en el poder de forma ilimitada. Me referiré a continuación a los tres más recientes.
El primero de ellos fue cometido a finales de 2016, cuando una operación del Ejecutivo y los despachos bajo su control, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral (CNE), impidieron la realización del referéndum revocatorio, cuyo resultado era previsible para el mundo entero: Maduro sería derrotado y tendría que salir del poder. La privación del más relevante derecho de toda democracia constituyó en lo técnico, en lo político y en lo legal, un golpe de Estado, es decir, un golpe a la Constitución de 1999, al que contribuyeron los que entonces promovieron un falso diálogo.
Le siguió el correspondiente al 29 de marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una decisión que provocó el rechazo unánime y categórico de las instituciones dentro y fuera de Venezuela, se hizo de las funciones correspondientes a la Asamblea Nacional, con la excusa torpe e irrelevante de que esa institución hacía incurrido en desacato. La acción del TSJ, además de liquidar a un poder autónomo, legítimo y vigente, el de la Asamblea Nacional, ejecutó un nuevo golpe a la Constitución de 1999, puesto que vulneró uno de sus principios fundamentales, el de la separación de los poderes. Luisa Ortega Díaz, entonces al frente de uno de los poderes públicos, la Fiscalía General de la República, lo denunció con palabras inequívocas: la decisión del TSJ representaba “una ruptura del orden constitucional”.
Pero esto no terminó ahí: ese golpe de Estado incluyó un capítulo más. Me refiero al inicio de la persecución de Maduro a Luisa Ortega Díaz, a miembros de su equipo, y a la destrucción de la Fiscalía General de la República que existía hasta ese momento, sobre la que se ha improvisado una al mando de un cómplice del régimen, quien, por cierto, acaba de justificar, nada menos que la ejecución sumaria de Oscar Pérez y de otras personas. Quiero decir con esto que el golpe de Estado del 29 de marzo de 2017 fue en contra de la Asamblea Nacional y de la Fiscalía General de la República y, lo repito, a la Constitución de 1999.
El tercer golpe de Estado se cumplió en tres pasos: el 1 de mayo de 2017 -apenas un mes después de consumado el anterior golpe de Estado - Maduro ordenó al CNE convocar a una elección para elegir a los supuestos constituyentes. Esta convocatoria violó la Constitución. El 30 de julio de 2017 se hizo la elección, proceso fraudulento, cuyo procesamiento legal está pendiente. El 4 de agosto se instaló la llamada Asamblea Nacional Constituyente (ANC). ¿Y qué se instaló? La estructura más aberrante, ilegal, ilegítima y fraudulenta que haya conocido Venezuela, desde la muerte de Juan Vicente Gómez, en 1935.
La estrategia en curso es la de legitimar la ANC a la fuerza. Imponerla por todos los medios posibles. Mientras destruye la Constitución de 1999, emite órdenes para las que carece de atribuciones. Impone obediencia, quien no tiene facultades para ello. Se trata, ni más ni menos, de una estructura que no debería existir. Un parapeto que carece de legalidad y de legitimidad. Y, para más señas, fraudulento, producto de un delito electoral gravísimo, tal como fue denunciado por los propietarios de la empresa Smartmatic.
Quienquiera que tome el poder en Venezuela, una vez que el régimen actual sea desplazado, tiene un conjunto de tareas que son de la mayor prioridad. Unas son las de atender las emergencias cotidianas: el auge del hambre, de la enfermedad, el apogeo de la delincuencia y la escasez de absolutamente todo. La otra urgencia, de carácter legal, institucional y político, es la restitución inmediata de la Constitución de 1999. Nadie puede olvidar que ella fue convocada en una consulta popular, y que fue aprobada por el pueblo en otra consulta. La nueva etapa política que debe iniciarse en Venezuela en lo inmediato, tiene en la Constitución de 1999, su más legítima, necesaria y única referencia. Y, aunque el poder quiera olvidarlo: está vigente. Más vigente que nunca.
* Miguel Henrique Otero
 Director del diario El Nacional de Venezuela. (En el exilio)

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COMISIÓN INTERAMERICADA DE DERECHOS HUMANOS
INFORME ANUAL 2016
CAPÍTULO IV. B – VENEZUELA
(Copia parcial de informe)
V. CONCLUSIONES.
239. A la luz del análisis anterior sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela la Comisión observa que durante 2016 se han agravado las persistentes situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de los venezolanos y que han derivado en una grave crisis política, social, y económica. Estas situaciones incluyen la agravada situación de inseguridad ciudadana; el estado de emergencia vigente en Venezuela durante todo el año; la falta de una efectiva separación, independencia y equilibrio de los poderes estatales; así como la afectación de la libertad de expresión, los derechos políticos y la participación en la vida pública de todos los actores sociales; además de la persistente falta de acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial; y las demás afectaciones a los derechos de los grupos especialmente vulnerables. Asimismo, se ha observado la grave crisis por la que atraviesa Venezuela que afecta directamente el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Todas estas afectaciones aunadas al conflicto político y la debilitada institucionalidad, impactan negativamente en el Estado de Derecho de Venezuela. [1]


[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 2016. Consultado el 13-02-2018, de http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/docs/informeanual2016cap4b.venezuela-es.pdf


















































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